Tomado de la Voz De América.
Las autoridades venezolanas han «fracasado» a la hora de implementar medidas para proteger su población, en especial a los trabajadores de centros de salud, mientras el número de contagios por la COVID-19 sigue incrementándose rápidamente, indicó un informe de Amnistía Internacional (AI).
La organización señala que aunque en la región es común ver las represalias contra los trabajadores de la salud, Venezuela es el único país donde están siendo encarcelados por denunciar las condiciones precarias en las que trabajan, los riesgos para su seguridad y la de los pacientes.
AI dice en un informe publicado esta semana que hasta la fecha «ha recibido información sobre al menos 12 trabajadores de la salud que han sido detenidos y detenidas durante la pandemia, incluidos muchos cuyo debido proceso ha sido violado al no ser informados de los cargos que se les imputan».
Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional, señaló en un comunicado que «el gobierno (en disputa de Nicolás Maduro) está siendo totalmente irresponsable» y que las autoridades no tienen información «precisa» de las condiciones de los hospitales y han negado la cantidad de trabajadores de la salud fallecidos a causa del virus.
La organización también denuncia que los trabajadores de la salud se encuentran completamente desprotegidos y expuestos sin equipo de protección personal (EPP), citando a la ONG local PROVEA.
«En los casos en los que se suministra EPP a los trabajadores, se les está obligando a reutilizar los cubre bocas durante períodos prolongados de tiempo, lo que los hace ineficaces. También, ha habido alarmantes informes sobre delegados oficiales asignados a ciertos estados que visitan hospitales vestidos con equipo de protección completa, mientras las personas trabajadoras de la salud se quedan con muy poco equipo», señala AI.