Tomado de IP-Nicaragua.
Fundación del Río denunció la confiscación por parte del gobierno de Nicaragua de seis propiedades que suman 454 manzanas de bosques de reforestación y regeneración en Río San Juan y las instalaciones de Radio Voz Juvenil.
Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, afirmó que la confiscación representa una nueva violación a la Constitución Política y a los derechos humanos, como la libertad de asociación y el derecho a la propiedad privada.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, Ruíz señaló que el gobierno Ortega Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) continúan de forma arbitraria y al margen de la ley, el proceso de confiscación de seis áreas que forman parte del patrimonio de esa organización ambientalista.
Las propiedades confiscadas, según el director de Fundación del Río, son dos terrenos rurales y cuatro áreas de conservación del bosque, que incluyen la Reserva Silvestre Privada El Quebracho, la Reserva Aguas Frescas, Reserva Lapa Verde, junto con las instalaciones y equipos de transmisión de Radio Voz Juvenil, todas ubicadas en el municipio de El Castillo y la Estación Biológica de Mancarroncito, en una isla de Solentiname, municipio de San Carlos.
En la denuncia, Ruíz recuerda que desde el mes de julio se viene dando una nueva etapa de confiscación por la vía de hecho, cuando funcionarios de Marena junto a las fuerzas especiales de la Policía Nacional, llegaron a las diversas propiedades e instalaron rótulos, la bandera del partido FSLN y la de Nicaragua, dejando personal del Marena en la Reserva Silvestre Privada El Quebracho, todo bajo la coordinación de la Procuraduría General de la República.
Ante esta situación, Ruíz, en su calidad de presidente y representante legal de la organización, solicitó una reunión virtual con la ministra del Marena, Sumaya Castillo Lara, sin obtener ninguna respuesta. Debido a esto, introdujo una carta de notificación que fue recibida por las delegaciones de la PGR y Marena en Río San Juan, donde se les informa que dicho acto es violatorio de las leyes del país y se les solicita abstenerse de continuar con esta acción.
En comunicación directa con IP Nicaragua, Amaru Ruíz explicó que desde que el gobierno Ortega-Murillo les canceló la personalidad jurídica en diciembre del año 2018, la radio de la Fundación, ubicada en El Castillo, salió del aire y cerró operaciones para evitar poner en peligro a los trabajadores, pero la planta y todos los equipos de transmisión quedaron en la estación, la que ahora fue tomada por el régimen a través de la Procuraduría y la Policía Nacional.