La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), anunció a través de un comunicado el cierre de sus oficinas centrales “tras haber recibido información alarmante” sobre prácticas ilegales de “persecución judicial y criminalización sin fundamento legal”. De igual manera, reportaron “asedio permanente” de grupos armados y llamadas telefónicas amenazantes a sus oficinas.
No obstante, afirman que seguirán recepcionando denuncias de violaciones a derechos humanos a través de medios electrónicos. La ANPDH, cuyo secretario es el activista Álvaro Leiva, dijo ser víctima del “asedio de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas a nuestras oficinas de denuncias de violaciones a los derechos humanos”.
Álvaro Leiva, quien salió del país por medidas de seguridad, como algunos obispos de la Conferencia Episcopal son considerados por un amplio sector de la población como defensores y mediadores claves en estos últimos tres meses de crisis social. La represión gubernamental, para algunos expertos, se intensificado por la vía judicial.