PCIN condena «campaña de persecución política» en contra de la jefa de prensa de radio La Costeñísima.

Tomado de Artículo 66.
gremio de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) se pronunció ante la demanda por injurias y calumnias que tres trabajadoras de la Alcaldía orteguista de El Rama interpusieron en contra de la periodista y jefe de prensa de Radio La Costeñísima, en Bluefields, Kalúa Salazar.
PCIN, en su pronunciamiento, manifiesta su preocupación de que «este caso sea instrumentalizado para continuar la campaña de asedio y persecución política en contra de Radio La Costeñísima, la cual se ha intensificado en los últimos meses». Ante ello el gremio de comunicadores expresa su solidaridad con Salazar y asegura que la acompañará en todo el proceso.

A la vez, remarca que el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que los nicaragüenses tienen «derecho de acceso a los medios de comunicación social y al ejercicio de aclaración o réplica cuando se sientan afectados en su honor, reputación e imagen por la difusión de contenido informativo. Tenemos la certeza que en Radio La Costeñísima hay micrófono abierto para hacer uso de este derecho».
La organización periodística recuerda que el mecanismo de demanda por injurias y calumnias también lo realizaron en contra del periodista fallecido y director de la emisora, Sergio León. La gremial exige «el cese de las agresiones, vigilancia, hostigamientos, persecuciones y amenazas sistemáticas contra Radio La Costeñísima y su personal, que pretenden silenciar a esta emisora. PCIN no descansará en mantener la denuncia pública nacional e internacionalmente y seguirá documentando todas estas agresiones».

Por su parte, Julio López, directivo de PCIN, manifestó que «estos casos de injurias y calumnias, solo son un elemento de la campaña de persecución contra la emisora, conocemos la vigilancia contaste por parte de la Policía del régimen (…) es una campaña de persecución política en contra de la radio La Costeñísima». Y añadió que la comunicadora debería renunciar a la abogada de oficio que el Poder Judicial le ha asignado.

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