Tomado de Confidencial.
La Coalición Nacional rechazó la ampliación del período para la solicitud de personerías jurídicas de partidos políticos, anunciada este 14 de julio por el Consejo Supremo Electoral (CSE), al calificar la acción como un intento de promover el zancudismo u operación de “partidos satélites” al servicio de los intereses del gobernante Frente Sandinista. En cambio, la alianza opositora demanda una reforma electoral profunda, que comienza con la sustitución del actual sistema electoral, señalado de favorecer al FSLN con fraudes desde 2008.
El CSE extendió el plazo para que los partidos políticos soliciten su personalidad jurídica hasta un máximo de cinco meses antes del día de la votación, que según la Ley Electoral están previstas para el primer domingo de noviembre de 2021, según una resolución publicada este martes en el diario oficial La Gaceta.
La Ley Electoral vigente señala que para que los partidos políticos participen en un proceso electoral, deben haber obtenido la personalidad jurídica doce meses antes de los comicios electorales, es decir, a noviembre de este año. Sin embargo, con la extensión del CSE el plazo vencería hasta junio de 2021.
El CSE argumentó que amplía el plazo debido a que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 “ha venido a limitar algunas actividades organizacionales y sociales, incluyendo las que conllevan a la certificación de la personalidad jurídica, requisito establecido en la Ley para participar en los próximos comicios electorales”.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unión Nacional Azul y Blanco, que integran la Coalición Nacional y no tienen personería jurídica, y también el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), despojado de su representación y sellos en 2008, rechazaron, por separado, esas medidas del CSE, que catalogan como una “trampa” para mostrar apertura, sin tocar el tema fondo del sistema electoral, que es el control absoluto que ejerce el oficialismo sobre ese poder del Estado.
“La extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas no constituye ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua”, señaló la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018.