Tomado de IP-Nicaragua.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros roza con al menos 26 artículos de la Constitución Política de Nicaragua, por lo que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recurrió por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La ley aprobada el pasado 15 de octubre, como parte de un combo que incluye la Ley Especial de Ciberdelitos y la reforma para establecer la cadena perpetua, afecta a todo ciudadano nicaragüense o extranjero que califica como agente extranjero y que “percibe fondos, bienes o cualquier objeto de valor” que provenga de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones.
“Es una acción que viene a limitar el trabajo de los defensores de derechos humanos, nos viene a limitar como ciudadano nicaragüense, porque cercena derechos constitucionales que están establecidos”, mencionó Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH.
El defensor de derechos humanos manifestó que la ley limita a toda persona que actúa como “agente extranjero”. “Dentro de eso está que nosotros no podríamos inmiscuirnos en la política interna de Nicaragua, aun cuando somos nicaragüenses. Perderíamos ese derecho, no podríamos ejercer u optar para cargos públicos, no podríamos elevar nuestras voces denunciando los abusos que se cometen a la libertad de movilización, derecho a la protesta, es decir, una serie de derechos constitucionales”, señaló Carmona.
El colectivo de derechos humanos de la CPDH acudió a la CSJ acompañado de representantes de la Organización Victimas de Abril (OVA). Según el secretario ejecutivo adjunto de la CPDH, Denis Darce, todo ciudadano que siente que la ley limita sus derechos, puede acudir ante la Sala Constitucional de la CSJ a interponer de igual manera un recurso en los 60 días posteriores, después de aprobada la ley.