Tomado de IP Nicaragua.
La iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos que envió el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Asamblea Nacional es una nueva forma de amordazar y criminalizar a los periodistas independientes de Nicaragua.
“Una nueva forma de criminalizar, de judicializar el derecho de la libertad de expresión, pero también significa la desesperación de un régimen que no ha podido detener la decisión de los ciudadanos, de las familias, de las instituciones, de los medios de comunicación y periodistas de seguir ejerciendo la libertad de expresión”, mencionó el periodista Aníbal Toruño, director de Radio Darío en León.
La ley que pretende ser aprobada por los legisladores para castigar a los periodistas y medios de comunicación independientes, pero también a la ciudadanía en general por los “delitos” que puedan cometer al hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
La iniciativa estima castigas con multas y penas a quienes “perjudiquen a personas naturales o jurídicas”. En su artículo 30, el anteproyecto de ley señala que castigará la difusión de “noticias falsas”. “Esto es más nada que un intento de generar miedo, temor a la ciudadanía, medios de comunicación, periodistas e instituciones para implementar e imponer censura, para imponer temor y que nosotros los nicaragüenses dejemos de hablar, dejemos de expresarnos”, mencionó Toruño.
El abogado y defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, recordó que en menos de un mes, el gobierno ha puesto en agenda pública un combo de tres iniciativas de ley que aumenta los niveles de “persecución y de represión” para acabar con toda expresión que no le favorece.
A mediados del mes, aprovechando que dos niñas de 10 y 12 años fueron asesinadas en Mulukukú, y una de ellas violada, Ortega propuso castigar con cadena perpetua a aquellas personas que cometan “crímenes de odio”.
La semana pasada, enviaron el proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la que se ha ganado el rechazo de organizaciones a nivel nacional como internacional, debido a que obliga a toda persona que reciba fondos del exterior, a inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros y reportar mensualmente sus ingresos y egresos.
La medida anterior afecta a las personas que laboren como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos.