España no reconoce en el listado de enfermedades profesionales ninguna relacionada con la salud mental y eso es “una barbaridad”, dice a EFE la psiquiatra y primera comisionada de Salud Mental, Belén González, que reivindica “cambiar las condiciones laborales para que el trabajo deje de doler”.
En una entrevista con EFE, González afirma que en España las consultas están plagadas de personas con problemas laborales, pero también de víctimas de violencia de género: “Si consiguiéramos resolver estos dos grandes problemas, las consultas de salud mental se vaciarían”.
Hay un listado de enfermedades profesionales
González explica que en ese listado de enfermedades profesionales aparece lumbalgia, el síndrome del túnel carpiano, fracturas, cánceres “y un montón de problemas respiratorios y digestivos, pero ni una sola patología de salud mental” pese a que hay evidencia de que el trabajo puede dañar la salud mental, sobre todo en condiciones de precariedad.
Y es que el nuevo comisionado de Salud Mental tiene como “proyecto irrenunciable” que el trabajo deje de producir depresión, ansiedad y reacciones paranoides y para ello va a desarrollar un “mapeo” en todo el Estado español para conocer qué problemas de salud mental tienen origen en lo laboral.
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Esto, ha dicho González, “es algo que no se ha hecho hasta ahora, dado que no está reconocida la relación”.
Urge el reconocimiento de condiciones laborales
Por eso, desde el comisionado urgen a ese reconocimiento “entre condiciones laborales y trastorno mental”, y para ello van a desarrollar una vigilancia epidemiológica que permita saber qué casos se ven en Atención Primaria y en la red de Salud Mental teniendo en cuenta que “no tener trabajo”, también es causa de sufrimiento psíquico.
Otra línea de trabajo del recién estrenado comisionado es proteger los derechos civiles, sociales y humanos de los pacientes que acaban ingresados de forma involuntaria. González considera que existe un “agravio comparativo” entre un ciudadano que tiene un diagnóstico de salud mental y otro que no lo tiene.
Si una persona con una conducta extraña o disruptiva, pero sin trastorno mental, causa un escándalo en la calle, interviene la Policía, pero si es un paciente bipolar o esquizofrénico con un informe previo, es fácil que, además de la Policía, aparezca el 112, sea trasladado a una urgencia psiquiátrica y acabe con una contención mecánica e incluso un ingreso involuntario.
González admite que ante una situación desesperada hay que intervenir, aunque sea en contra de la voluntad de la persona, pero hay muchos cauces y recursos que se pueden poner y, a veces, admite, el sistema se ha “propasado” con los pacientes “de una forma que no se puede tolerar”.
En el caso de ingresos prolongados, la comisionada recuerda que la revisión de esa situación de privación de libertad se hace cada seis meses, tiempo en el que el paciente está internado en el centro sin que se vea su caso por decisión judicial. Incluso en los ingresos penitenciarios hay garantías mayores que en estos pacientes”, advierte.